Porque en realidad no es que el gobierno actúe bajo la presión del racismo popular y en reacción a las pasiones llamadas populistas de la extrema derecha, sino que es la razón de Estado lo que alimenta al racismo, confiándole la gestión imaginaria de su legislación real.
Nuestros Estados son cada vez menos capaces de contrarrestar los efectos destructores de la libre circulación de capitales para las comunidades que tienen a su cargo. Y son tanto más incapaces cuanto que no tienen el más mínimo deseo de hacerlo. Así las cosas, se rebajan y se concentran en aquello sobre lo que sí ejercen un poder, como es el caso de la circulación de personas.
El racismo de hoy es ante todo una lógica estatal y no una pasión popular. Y esta lógica estatal es sostenida en primer lugar, no por quién sabe qué grupos sociales retrógrados, sino por una buena parte de la élite intelectual.
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